Todas las personas extranjeras tienen derecho a que los jueces protejan sus derechos e intereses en las mismas condiciones que a los ciudadanos españoles.

Cuando un procedimiento de la Administración pueda concluir con la expulsión, retorno o devolución de un extranjero, éste tiene derecho a la asistencia gratuita de un abogado durante el procedimiento ante la Administración y también durante el procedimiento ante los tribunales, con la condición de que el extranjero se encuentre en España y que no tenga medios económicos suficientes. Igualmente tendrá derecho a un intérprete si no comprende la lengua oficial.

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes pueden intervenir como parte interesada en los procedimientos administrativos, si así lo dispone el extranjero afectado. También pueden intervenir en los procedimientos ante los tribunales.

Los extranjeros en situación regular que no disponen de medios económicos suficientes tienen derecho a la asistencia gratuita de un abogado en todos los procesos judiciales, en igualdad de condiciones que los españoles, y a un intérprete si fuera necesario.